Adiós intendentes y bienvenidos gobernadores(as), pero ojo con Santiago

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Por Egon Montecinos M.

El centralismo simbólico que se ha visto reflejado en la atención que ha tenido la elección de gobernador(a) de la Región Metropolitana, sostenido con argumentos como “es que se juega la futura elección presidencial” o se “juega el futuro político de un sector”, son los mismos argumentos de “votos más o votos menos”, que detuvieron las reformas a la descentralización política del Estado durante largos años y décadas en nuestro país. Ojalá que, por el bien de la descentralización, no vaya a ser cosa que, de formarse una “Asociación de gobernadores y gobernadoras regionales de Chile”, la termine presidiendo el representante de la RM, argumentando “volumen de votos”. A poner ojo en lo que se viene para la descentralización en la Convención Constitucional y en la instalación de las nuevas autoridades regionales. La descentralización no puede ser contra Santiago o la Región Metropolitana, pero tampoco puede estar subordinada a sus propias luchas políticas o estar determinada por el volumen de votos de cada región.

El concepto intendente nos acompaña desde los orígenes de la república. Esta palabra, usada con mucha frecuencia en la tradición “borbona” de las monarquías, significa “burócrata leal al rey” y trae consigo una carga simbólica de vigilancia, control y falta de representación política territorial. En regiones no tenemos representación política que defienda los intereses territoriales ante el nivel central. Tenemos intermediarios, siendo los parlamentarios de Gobierno quienes tradicionalmente ejercen esta responsabilidad y ocupan este vacío de poder. 

Por eso esta elección es un verdadero hito político territorial, no tanto para la Región Metropolitana (RM), que se ha llevado gran parte de la novedad de esta elección a punta de descalificaciones cruzadas, sino para todas las demás regiones, que se han construido sobre la base de inequidad en la inversión pública, falta de equipamiento, infraestructura básica, y displicencia del centralismo político para con sus líderes y organizaciones regionales. 

Parece irrelevante, pero en regiones la conducción de su principal instrumento de planificación regional (Estrategia Regional de Desarrollo) está sujeta a voluntarismos y vaivenes de autoridades que pasan por el cargo de intendente regional. Muy pocos reparan en lo complejo que significa que en algunas regiones todos los años se cambie a la primera autoridad regional. De hecho, el promedio de duración de intendentes regionales, desde 1990 a la fecha, no pasa de los 18 meses en el cargo. Por ejemplo, en La Araucanía, donde los planes requieren de más estabilidad y compromiso de conducción política, lo cambian todos los años. 

Por fin las regiones tendrán representación política para darle cierto grado de estabilidad a proyectos, planes y programas que muchas veces se ven detenidos, demorados o simplemente obstaculizados, porque no son del gusto de parlamentarios o líderes nacionales que tienen control sobre lo que se hace o se deja de hacer en regiones.

Chao, intendentes, así es, desaparecen de nuestro lenguaje, pero su cuerpo y espíritu quedarán presentes con otro nombre en regiones, por lo menos por un par de años más. ¿Por qué? Porque los delegados presidenciales regionales siguen con un rol relevante en la gestión y coordinación de servicios públicos desconcentrados en regiones. Si bien es cierto la ley corta para perfeccionar las leyes de descentralización (aún no aprobada en el Congreso) podría aminorar su rol, su presencia es sinónimo de centralismo, control y vigilancia, como si en regiones no supiéramos administrar, gobernar o tomar decisiones. O como si en regiones todo el mundo estuviera esperando la descentralización para “robarse los recursos fiscales”. Quiero recordar que los mayores casos de corrupción con recursos fiscales no están en regiones, están en instituciones políticas y públicas metropolitanas, centralistas y verticales.

Aun cuando todo parece indicar que en la nueva Constitución la figura del gobernador regional se fortalecerá y la del delegado presidencial regional –de permanecer en la Carta Magna– quedaría reducida a funciones protocolares y de seguridad interior o extranjería, el centralismo también tiene un “espíritu” que no se ve pero se reproduce de manera cotidiana. 

Ese espíritu centralista se pudo ver reflejado en la elección de gobernadores(as) regionales. La región que menos necesita a esta nueva autoridad regional se terminó devorando al proceso completo. Este centralismo mediático y cultural el profesor Sergio Boisier ya lo planteaba a comienzos del año 2000 con preguntas como si era el Estado el que se debía descentralizar o también la sociedad civil, o la cultura, los medios de comunicación, la educación, entre otros aspectos. 

Perdónenme, pero este centralismo simbólico que se ha visto reflejado en la atención que ha tenido la elección de gobernador(a) de la Región Metropolitana, sostenido con argumentos como “es que se juega la futura elección presidencial” o se “juega el futuro político de un sector”, son los mismos argumentos de “votos más o votos menos”, que detuvieron las reformas a la descentralización política del Estado durante largos años y décadas en nuestro país. Ojalá que, por el bien de la descentralización, no vaya a ser cosa que, de formarse una “Asociación de gobernadores(as) regionales de Chile”, la termine presidiendo el representante de la RM, argumentando “volumen de votos”.   

A poner ojo en lo que se viene para la descentralización en la Convención Constitucional y en la instalación de las nuevas autoridades regionales. La descentralización no puede ser contra Santiago o la Región Metropolitana, pero tampoco puede estar subordinada a sus propias luchas políticas o estar determinada por el volumen de votos de cada región. La descentralización la constituyen reglas del juego, símbolos, cultura política que empujan a una sociedad a vivir mejor, sin importar cuánto suman tus votos, dónde naces, te crías, creces y te desarrollas.

https://www.elmostrador.cl/destacado/2021/06/09/adios-intendentes-bienvenidos-gobernadoresas-pero-ojo-con-santiago/

¿Es posible que la Nueva Constitución sea feminista?: 8 convencionales adelantan cómo será la discusión

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La paridad no garantiza que la nueva Carta Magna sea feminista, dicen expertas y convencionales elegidas. Pese a ello, expresan puntos claves que deben estar en el texto, como el derecho a una vida libre de violencia y el reconocimiento de las labores de cuidado.

Ha sido un hecho destacado en Chile y en el extranjero: la nueva Constitución será la primera del mundo en redactarse de forma paritaria. Sin embargo, el contar con 77 convencionales mujeres no garantiza que la nueva Carta Magna sea feminista.

Se trata de un proceso complejo, de partida, por el uso de la palabra “feminista”. “Hay que tener en cuenta que los feminismos, en cuanto ideología política y movimiento social, poseen una gran diversidad que responde tanto a los momentos históricos que acompañan al movimiento como también las diferencias territoriales. Por tanto, es complejo poder hablar de constituciones feministas porque depende desde la perspectiva feminista que nos situemos”, dice Beatriz Roque, docente de política y género en la Universidad Diego Portales.

Por otra parte, los y las expertas en temas de género sugieren que hay que hacer una distinción entre eventuales políticas feministas -que apunten a que la igualdad entre hombres y mujeres se haga efectiva – y políticas pro-mujer -que, sin abogar por la concreción de una efectiva igualdad entre los géneros, reconocen que ciertos mecanismos deben ser aplicados para paliar la vulnerabilidad y exclusión a la que las mujeres se ven expuestas-.

“Es complejo poder hablar de constituciones feministas porque depende desde la perspectiva feminista que nos situemos”, dice Beatriz Roque, docente de política y género en la Universidad Diego Portales.

“Revisando los perfiles de cada constituyente, nos dimos cuenta de que no todas las propuestas sobre mujeres son necesariamente feministas”, afirman Lucia Miranda Leibe, Investigadora Postdoctoral Fondecyt/ANID, docente UC FLACSO ChileCarolina Meza, académica de la Universidad Alberto Hurtado e investigadora del Observatorio Nueva Constitución y Pamela Figueroa, docente de la Universidad De Santiago, Coordinadora Académica Observatorio Nueva Constitución.

En un reciente estudio, al desagregar las propuestas de los y las candidatas en principios de autonomías de las mujeres en la toma de decisiones (medidas orientadas a promover su participación plena y en igualdad de condiciones); económica (que considera el uso del tiempo y la contribución de las mujeres a la economía) y física (el respeto a los derechos reproductivos de las mujeres y la violencia de género), las investigadoras se encontraron con resultados variados.

En varias manifestaciones las mujeres destacaron la importancia de una Constituyente paritaria. Crédito: Agencia Uno.

Por un lado, hay varios constituyentes que proponen que las autonomías en sus tres dimensiones sean reconocidas. Pero desglosada por tipos de autonomía, hay propuestas más recurrentes que otras. En materia de toma de decisiones, una idea frecuente es que todos los órganos de representación legislativos y judiciales y los órganos colegiados en general, tengan carácter paritario. Y hay quienes directamente hacen referencia a la auto descripción del Estado como de tipo paritario, sostienen Lucia Miranda, Carolina Meza y Pamela Figueroa.

Ya en términos de autonomía económica, la propuesta más repetida es el reconocimiento del trabajo doméstico, así como hacer efectiva la igualdad salarial entre hombres y mujeres por igual tipo de trabajo. Mientras que, respecto a la autonomía física, hubo un mayor consenso en la erradicación de la violencia de género, el acceso y ejercicio en libertad de los derechos sexuales y reproductivos y el reconocimiento de la diversidad de género.

“Revisando los perfiles de cada constituyente, nos dimos cuenta de que no todas las propuestas sobre mujeres son necesariamente feministas”, afirman Lucia Miranda Leibe, Investigadora Postdoctoral Fondecyt/ANID, docente UC y FLACSO Chile; Carolina Meza, académica de la Universidad Alberto Hurtado e investigadora del Observatorio Nueva Constitución y Pamela Figueroa, docente de la Universidad De Santiago, Coordinadora Académica Observatorio Nueva Constitución.

¿Qué podría caracterizar, entonces, una Constitución feminista?

Para Ana Güezmes, directora de la División de Asuntos de género de la CEPAL, una Carta Magna feminista debe basarse “en los estándares internacionales de Derechos Humanos, como los pactos y tratados internacionales ratificados por el Estado chileno, especialmente la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y su protocolo facultativo recientemente ratificado, relevando el compromiso de Chile con los derechos de las mujeres, las adolescentes y las niñas, con la no discriminación y el logro de la  igualdad de género como derecho sustantivo de cada persona y como principio transversal a todo el quehacer institucional del Estado”.

En la misma línea, María Inés Salamanca, Coordinadora de ONU Mujeres en Chile, dice esperar que las y los constituyentes discutan y pongan en prioridad temas como el derecho a una vida libre de violencia y el reconocimiento de los trabajos de cuidado no remunerado.

Sobre el primer punto, sostiene que este debe estar consagrado en la nueva Constitución por tratarse de un imperativo ético y de derechos humanos y que sería relevante que los y las constituyentes incorporaran como un principio fundamental el vivir en una sociedad libre de violencia contra las mujeres y niñas. Especialmente si se considera que, al 31 de mayo de este año, en Chile se registraron 15 femicidios consumados y 55 femicidios frustrados, según Sernameg.

“Para Ana Güezmes, directora de la División de Asuntos de género de la CEPAL, una Carta Magna feminista debe basarse “en los estándares internacionales de Derechos Humanos, como los pactos y tratados internacionales ratificados por el Estado chileno”.

Ya respecto del reconocimiento de los trabajos de cuidado, plantea que es fundamental que este sea valorado y asumido por el Estado, el sector privado, la comunidad, los hogares y entre los hombres y las mujeres. En particular, porque -según un estudio del Centro de Estudios Longitudinales de la UC y ONU Mujeres- las mujeres dedican nueve horas semanales más que los hombres a las labores domésticas y, durante la pandemia, el 38% de los hombres dedicó cero horas a realizar esas actividades y el 71% no acompañó durante ninguno hora a los hijos en tareas escolares.

Es por cosas como esas que, según plantea Ana Güezmes, “Chile tiene la oportunidad de desatar los nudos estructurales de la desigualdad de género y construir una sociedad del cuidado para un futuro más igualitario, sostenible y resiliente”.

“María Inés Salamanca, Coordinadora de ONU Mujeres en Chile, dice esperar que las y los constituyentes discutan y pongan en prioridad temas como el derecho a una vida libre de violencia y el reconocimiento de los trabajos de cuidado no remunerado”.

Del dicho al hecho

The Clinic revisó los programas de las 77 mujeres elegidas como constituyentes. De ellos, 50 mencionan directamente el término “feminista”, mientras otra decena habla de igualdad o equidad de género. Este diario conversó con ocho representantes para saber cómo intentarán poner la pauta feminista en el debate constituyente.

En las masivas manifestaciones de los últimos años, las chilenas han reivindicado una serie de demandas feministas. Crédito: Agencia Uno.

Para María José Oyarzún, constituyente por el distrito 7, para empezar el debate y poder avanzar hacia una Constitución feminista “tiene que existir primero un reconocimiento de la desigualdad y discriminación estructural en que se encuentran las mujeres y las diversidades”.

Bárbara Sepúlveda, elegida por el distrito 9, comenta en términos concretos que la nueva Constitución debe reconocer la diversidad de familias y su protección, así como la paridad como presencia equilibrada entre hombres y mujeres en el Estado y el gobierno, además de la corresponsabilidad social del cuidado de las personas y el reconocimiento al trabajo doméstico no remunerado. “Los sectores ultraconservadores han insistido en que los asuntos que competen a las mujeres y diversidades sexuales son problemas valóricos. Nosotras consideramos que esa interpretación es errónea, que son temas de justicia social, de derechos humanos fundamentales y, por lo tanto, estamos convencidas que es desde ahí donde debe darse el debate hoy”, precisa.  

“The Clinic revisó los programas de las 77 mujeres elegidas como constituyentes. De ellos, 50 mencionan directamente el término “feminista”, mientras otra decena habla de igualdad o equidad de género”.

Cristina Dorador, convencional por el distrito 3, coincide: “La Constitución tiene que estar embebida de equidad; tanto de género, de territorio como diversidad. En este sentido, se debe garantizar que en ningún ápice de la Constitución las mujeres queden fuera y que el texto se articule posteriormente con leyes que den respuesta a las demandas históricas de las mujeres”.

Ya para Ivanna Olivares, elegida por el distrito 5, se necesitará “la creación de medidas afirmativas para la concreción del enfoque de género y la paridad, así como la erradicación de toda forma de violencia doméstica y de género”.

Asimismo, considera que otros ejes fundamentales en la nueva Carta Magna son una educación no sexista, con incorporación de materias con perspectiva de género en el currículum escolar y asegurar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, respetando la diversidad entre ellas y su autonomía efectiva. “Esto implica reconocer la autonomía sexual y reproductiva de las mujeres, y por tanto, el aborto libre y seguro”, agrega.

Varias feministas han hecho un llamado por una educación no sexista. Crédito: Agencia Uno.

Constanza San Juan, constituyente por el distrito 4, va más allá, al considerar que una Constitución feminista es también una antiextractivista y antineoliberal, “donde todas/es/os los seres humanos sean considerados en igualdad de derechos y prime una visión del buen vivir”. En ese sentido, apunta a reconocer la autodeterminación de los cuerpos y territorios, garantizando no sólo el aborto libre, sino la autodeterminación de los rubros productivos de los diversos territorios, propiciando una economía solidaria y en armonía con la naturaleza.

Alondra Carrillo, representante del distrito 12 es más pesimista. “Las perspectivas históricas de transformación que ha planteado el feminismo no caben en una Constitución. Ninguna Constitución tiene la potencia de, por ejemplo, poner fin al patriarcado. Nosotras no estamos dispuestas a promover conceptos que limiten esas perspectivas históricas, más vivas y presentes que nunca, reconduciéndolas exclusivamente al contenido constitucional”. A pesar de ello, explica que tiene lineamientos contra la violencia patriarcal que consagran “condiciones de vida dignas para el conjunto de la población”.

“Alondra Carrillo, representante del distrito 12 es más pesimista. “Las perspectivas históricas de transformación que ha planteado el feminismo no caben en una Constitución”.

En ese sentido, dice que su programa incluye “una serie de vías constitucionales que desde otras perspectivas feministas quizás no se contemplarían: el derecho a migrar, el derecho al refugio, el derecho a una vivienda digna, asegurada”, entre otros.

Desafíos

Las constituyentes sostienen que el debate de una Constitución de carácter feminista no estará exento de desafíos. El primero, “será incorporar una perspectiva de género en el reglamento que permita que las constituyentes mujeres y de las diversidades sexuales puedan ejercer su labor sin obstáculos ni condiciones materiales que se transformen en impedimentos para su quehacer político”, afirma Bárbara Sepúlveda.

Para eso, comenta la constituyente, se deben establecer normas sobre acoso sexual, discriminación, violencia política “y definir de qué forma se van a solucionar el tema de los cuidados para aliviar la carga de las mujeres, en especial aquellas que son madres o que tienen personas a su cuidado, y que viven en regiones para quienes hoy día es necesario que logremos la forma de compatibilizar su labor de constituyente con su vida familiar. Otro desafío inicial es lograr que la mesa que presida la convención sea paritaria”, agrega.

Por su parte, Alejandra Flores, representante del distrito 2, estima que el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo “será el punto de mayor tema de discordia y de mayor debate en lo que respecta a las demandas feministas”. Añade que también cree que, de no llegar a acuerdos, “son temas que deberían plebiscitarse”.

“El primero desafío “será incorporar una perspectiva de género en el reglamento que permita que las constituyentes mujeres y de las diversidades sexuales puedan ejercer su labor sin obstáculos ni condiciones materiales que se transformen en impedimentos para su quehacer político”, afirma Bárbara Sepúlveda”.

La convencional del distrito 8, Valentina Miranda, apunta, por otra parte, a sus pares en la Constituyente: “Las batallas más difíciles van a ser con aquellas mujeres que no se consideran feministas, como Marcela Cubillos (UDI) y Teresa Marinovic (RN), quienes no reconocen que la mujer hoy es sometida al sistema patriarcal”.

Aunque reconoce los desafíos, Cristina Dorador aboga porque las convencionales que quieren alcanzar una Constitución feminista debatan “en un lenguaje no bélico”. “La conversación amplia y en diversidad permitirá reconocer las grandes brechas y necesidades que deben considerarse en la nueva Constitución”, concluye.

https://www.theclinic.cl/2021/06/08/es-posible-que-la-nueva-constitucion-sea-feminista-8-convencionales-adelantan-como-sera-la-discusion/

Columna de Tomás Jordán: Los temas de la nueva Constitución, desde la ciudadanía a la Convención

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Los contornos de la nueva Constitución vienen desde la ciudadanía y del debate público desde hace tiempo. Giran hacia un Estado social, democrático y ecológico, sostenido en la igualdad de género, con una distribución territorial profunda del poder y de forma participativa, con un sistema de derechos sociales garantizados e incorporando nuevos derechos propio de los cambios culturales.

Es un hecho que la elite política y económica ha ido mucho más atrás que los cambios sociales y culturales que ha experimentado nuestro país en los últimos 30 años. Se entiende que la sorpresa mayor esté en quienes redactarán la propuesta de nueva Constitución, pero nadie, medianamente informado, puede mostrar asombro por los temas constitucionales que abordará el debate. Estos estaban en nuestra discusión ciudadana desde hace años.

Integrantes del Observatorio Nueva Constitución hemos participado del debate de contenidos constitucionales y vemos como desde los resultados del proceso participativo constitucional general e indígena de 2016 se anunciaron parte de los principales asuntos del debate. Entre los valores preeminentes aparecieron la justicia, la democracia, el respeto a la naturaleza, la igualdad, la descentralización, el bien común y el respeto en la convivencia social. Los derechos más valorados fueron la educación, la salud, la igualdad ante la ley, la vida, el derecho a la vivienda digna, la seguridad social y el respeto a la naturaleza. Entre los deberes el respeto a los derechos humanos, la protección de la naturaleza, el respeto a la Constitución, el respeto y conservación del patrimonio histórico y cultural, el respeto a los derechos de los otros, el respeto a la ley y el ejercicio no abusivo de los derechos. En el apartado de instituciones se priorizaron los plebiscitos y consultas, el Congreso, el defensor del pueblo, las fuerzas armadas, el gobierno regional, la forma de gobierno con equilibrio de poderes. El proceso participativo indígena mostró la necesidad de su reconocimiento constitucional, de la plurinacionalidad, del derecho a autodeterminación, a la tierra, al territorio y a los recursos naturales, los derechos políticos y culturales de los pueblos.

Luego, en las propuestas de los candidatos(as) y de los 155 electos a la Convención hay coherencia con lo anterior y también nuevos temas. Los principales valores son la democracia, el principio ecológico y aparece con fuerza el principio feminista, junto con la dignidad y el bien común. Pasar de una forma de gobierno hiperpresidencialista a un régimen de colaboración entre ejecutivo y legislativo que la mayoría visualiza en el semipresidencialismo o en presidencialismo atenuado es la prioridad. Los derechos sociales son el núcleo central y mayoritario de las propuestas, ligado al derecho al trabajo, a la educación, a la salud, la seguridad social y la vivienda, con preferencia de provisión estatal más la necesidad de su protección. También aparecen nuevos derechos, en especial, el derecho al género y diversidad sexual, al medio ambiente, a los recursos naturales en especial nos hídricos, los derechos de los niños, niñas y adolescentes, a la cultura y a la ciencia. A ello se suma la necesidad de descentralización política, administrativa y financiera. El reconocimiento de los pueblos indígenas, la plurinacionalidad, participación, autonomía, los derechos culturales, la propiedad indígena y los recursos naturales ya están en la mesa para el diálogo político.

En breve, los contornos de la nueva Constitución vienen desde la ciudadanía y del debate público desde hace tiempo. Giran hacia un Estado social, democrático y ecológico, sostenido en la igualdad de género, con una distribución territorial profunda del poder y de forma participativa, con un sistema de derechos sociales garantizados e incorporando nuevos derechos propio de los cambios culturales, más un estatuto de pueblos indígenas que irradie a toda la Constitución y una forma de gobierno que equilibre el poder con el Congreso y la ciudadanía.

https://www.latercera.com/reconstitucion/noticia/columna-de-tomas-jordan-los-temas-de-la-nueva-constitucion-desde-la-ciudadania-a-la-convencion/HCS3WD3I4ZESPNPRHJ4Q3Y7ZKU/

Columna de Tomás Jordán: ¿Cuál será el modelo chileno de Constitución?

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Creo que el mejor pacto sería una Constitución habilitadora. Esto no es neutralidad, sino que el constituyente hace opciones constitucionales claras, como por ejemplo, definir el Estado como social, plurinacional, regional o el agua como un bien nacional de uso público, pero deja que el desarrollo de tales concepciones se realicen por ley o por los futuros gobiernos.

Hasta hace unas semanas la discusión constitucional giraba a cuán distinta podía ser la nueva Constitución si la derecha obtenía el ticket dorado de Willy Wonka constitucional que significaba obtener el tercio más uno de la Convención Constitucional. Lo sorpresivo de los resultados situó que ninguno de los partidos ni grupos políticos ni sociales representados tiene la capacidad de vetar a otro, ordenando una Convención mas horizontal, pero también con un considerable grado de fragmentación para lograr los 2/3 en cada una de las normas.

Esto nos hace preguntarnos qué tipo de Constitución podemos tener. Los países tienen las Constituciones que pueden pactar. Éstas no son textos ideales ni laboratorios (salvo en dictaduras), sino son una mezcla entre tradición, correcciones e innovaciones institucionales. La nueva Constitución será un acuerdo compartido sobre el poder político-institucional y los derechos fundamentales que tendremos las personas y que podamos lograr poner en común.

Una cuestión que se deberá resolver es sobre el modelo de Constitución. Si será una Constitución habilitadora u optaremos por una Constitución más programática, donde en el texto constitucional se radiquen y amarren ciertas ciertas cuestiones más propias de la ley o la política pública. En sociedades desiguales como las latinoamericanas las constituciones programáticas han sido caminos seguidos para asegurar en la constitución ciertas cuestiones básicas o prohibir otras.

Pero creo que el mejor pacto sería una Constitución habilitadora. Esto no es neutralidad, sino que el constituyente hace opciones constitucionales claras, como por ejemplo, definir el Estado como social, plurinacional, regional o el agua como un bien nacional de uso público, pero deja que el desarrollo de tales concepciones se realicen por ley o por los futuros Gobiernos. Una cosa es establecer el deber preferente del Estado en materia de salud propio del Estado social y otra es disponer en la Constitución el modelo de salud y la prohibición de otros. Una cuestión es fijar el Estado plurinacional y los elementos esenciales del autogobierno político, modelo de desarrollo, autonomía territorial y derechos de los pueblos y otra es redactar en su texto profusamente cada uno de estos elementos. Un asunto es definir el Estado como regional o descentralizado radicando en el texto constitucional la arquitectura y la distribución de competencias y otra es tratar de normar cada una de las cuestiones que se vinculan a las facultades y atribuciones del poder sub-nacional. Una cuestión es establecer el agua como bien nacional de uso público, la preferencia para el consumo humano y la posibilidad de limitar o caducar sus derechos, y otra es detallar cada uno de los aspectos, como por ejemplo, lo hace la actual Constitución en materia minera.

Todo lo anterior tiene que ver con cuanta democracia queremos habilitar dentro de los contornos y definiciones que fijará la Constitución. Esto se liga al pluralismo político y social que queremos para el futuro de nuestra convivencia cívica. Una Constitución programática restringe el abanico de posibilidades futuras pues rigidiza la política democrática, pero una Constitución habilitadora consagra las definiciones básicas del Estado constitucional y, al mismo tiempo, permite el debate deliberativo entre Ejecutivo, Legislativo y la ciudadanía, siendo esta triada la que fije los caminos concretos, bajo la regla de la mayoría, con respeto a las minorías e incidencia participativa.

https://www.latercera.com/reconstitucion/noticia/columna-de-tomas-jordan-cual-sera-el-modelo-chileno-de-constitucion/2X7B4PBM2JC25GEIHNVZQQMY7U/

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