Columna de Tomás Jordán y Pamela Figueroa Diario La Tercera: Los 2/3 y el “institucionalismo transformador”

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Existe una disputa traslapada sobre cómo se han llevado a cabo los cambios profundos en Chile. Por un lado, los que creen que éstos sólo se pueden producir de abajo hacia arriba y por el pueblo movilizado de forma permanente. Por otro, los que creemos que el modelo chileno de cambio constitucional responde a nuestro modelo histórico que denominamos el «institucionalismo transformador» muy propio del Siglo XX y que se extiende hasta ahora.

Esta semana se vota el quórum de 2/3 de aprobación de las normas constitucionales que serán parte del nuevo texto constitucional. Lo que subyace en el debate sobre los 2/3 son tres cuestiones de distinto carácter: una política práctica, una teórica-conceptual y otra histórica.

La política práctica se liga a las fuerzas representadas al interior de la Convención y la pugna entre los sectores de izquierda sobre quién lidera el proceso. En concreto, entre el PC-Pueblo Constituyente y el sector de Apruebo Dignidad-Colectivo Socialista. El debate sobre los 2/3 es una expresión de tal disputa, y el cómo reducir el quórum para la aprobación del reglamento fue una victoria práctica para el segundo grupo y en el discurso público para el primero. Ahora bien, esto permitirá que el quórum de 2/3 se apruebe por mayoría sin el veto de sus opositores.

Pero hay una tensión más profunda en términos teóricos (y más allá de la Convención). Se refiere a la discusión sobre qué cimientos teóricos se edifica el proceso constituyente chileno.

Hay, al menos, dos lecturas sobre el origen del proceso. Aquellos que afirman que éste es únicamente producto de la revuelta de octubre de 2019 y que consecuencia de aquello, el poder político se vio forzado (pero sin derecho a involucrarse) a celebrar el Acuerdo de Paz y Nueva Constitución. Esta tesis sostiene que el poder constituyente de la Convención es originario y sin límite ni bordes. Los convencionales son mensajeros del pueblo movilizado. Por su parte, hay quienes sostenemos que el estallido social es parte del proceso de cambio constitucional que se inaugura con la critica a la Constitución de 1980 y que ha conllevado varios momentos político-constituyentes.

La ciudadanía movilizada de octubre de 2019 permitió la apertura a una nueva etapa, y ojalá final, del proceso político y social por una nueva Constitución; ampliando por primera vez el acuerdo político y la legitimidad del futuro nuevo texto. En este sentido, el proceso es consecuencia de una eclosión constitucional dentro del proceso democrático, más que de un big-bang propio de las independencias y transiciones. Es por ello que los convencionales son representantes de la ciudadanía en el marco de un proceso institucionalizado con un algo grado de autonomía.

Este último aspecto inaugura el tercer punto. Existe una disputa traslapada sobre cómo se han llevado a cabo los cambios profundos en Chile. Por un lado, los que creen que éstos sólo se pueden producir de abajo hacia arriba y por el pueblo movilizado de forma permanente. Por otro, los que creemos que el modelo chileno de cambio constitucional responde a nuestro modelo histórico que denominamos el «institucionalismo transformador» muy propio del Siglo XX y que se extiende hasta ahora; donde las fuerzas políticas y sociales confluyen en la institucionalidad para producir los cambios sociales requeridos. Ejemplos hay varios, la aparición de las clases medias en el poder a comienzos del siglo pasado, la reforma agraria en los 60, el vía chilena hacia el socialismo en los 70, el camino institucional del plebiscito en 1988, la transición democrática en los 90 y el Acuerdo de Paz de 2019.

Este institucionalismo transformador permite la confluencia entre la demanda social por los cambios y la vía político-institucional que canaliza la exigencia de nuevas arquitecturas políticas. Sin embargo, la institucionalización tensiona la relación política-ciudadanía, produciéndose la separación entre ambas, cuestión que el proceso constituyente debe tener presente. El proceso constituyente ha ido corrigiendo institucionalmente este factor. La convención es un órgano paritario y con representación de los pueblos indígenas que ha leído correctamente los cambios sociales, culturales y deudas históricas; pero, igualmente se necesita más en tiempos de crisis de las instituciones. Aquí concurre la participación ciudadana incidente, y bien procesada, como el camino posible para construir legitimidad ciudadana necesaria para la nueva constitución de cara al plebiscito de salida. Todo, hasta ahora, dentro de la institucionalidad.

https://www.latercera.com/reconstitucion/noticia/columna-de-tomas-jordan-y-pamela-figueroa-los-23-y-el-institucionalismo-transformador/NV5YYSZ6VBEHDPDWXCTTBKXYJA/

Columna José Ignacio Nuñez The Clinic “¿Vinculante y con quórum de 2/3? La consulta indígena que pensionará el debate de la convención”

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Mientras algunos se horrorizan con que sus conclusiones sean vinculantes y que se transforme en “una convención dentro de la convención”, otros advierten una complejidad que asoma en el camino del Proceso Constituyente. “Efectivamente debiese ser vinculante cuando hay acuerdo. El problema es cuando no hay acuerdo y la consulta lleva a un rechazo”, previene el director del Observatorio de una Nueva Constitución, José Nuñez. Aquí conversamos con expertos y los coordinadores de la comisión de la que emanó la propuesta que será votada a partir de hoy, 14 de septiembre.

A las 10:00 de la mañana de hoy, 14 de Septiembre, el Pleno de la Convención Constitucional comenzará a atravesar una de sus primeras pruebas de fuego, ya que deberá votarse en general la propuesta de reglamento que emanó de la Comisión de Participación y Consulta Indígena, la cual puso sobre la mesa uno de los puntos fundamentales para los representantes de los Pueblos Originarios: la Consulta Indígena.

Así, luego que la sesión matutina del pasado jueves 09 de Septiembre tuviera que suspenderse por la impugnación a la mesa realizada por las convencionales de los PP.OO. Isabella Mamani e Isabel Godoy, luego de que la testera del órgano constituyente informara que la propuesta de aquella instancia se votaría por el quórum de los 2/3, lo que evidenció un cisma entre los convencionales indígenas, el PC y la presidenta de la Convención, Elisa Loncón, quienes estiman que la propuesta de reglamento para esa consulta no está amarrada al polémico umbral de votos con el que se votarán las normas de la futura Constitución.

«Esto es vinculante, es el derecho internacional»

Desde entonces, el debate se ha centrado en el hecho de que los resultados de la Consulta Indígena se plantee como vinculante para la Convención Constitucional. Ante esto, el convencional de Vamos por Chile, Bernardo Fontaine, comentó que “si la consulta indígena es vinculante como están proponiendo, sus resultados impondrán un texto en la Constitución por encima de la deliberación democrática de la Convención”.

“Al final, la propuesta de la comisión podría crear una convención dentro de la Convención”, sentenció el economista, según dijo a El Mercurio.

Ante esto, el abogado mapuche y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Salvador Millaleo, profundiza sobre los alcances que tendrá la consulta.

Una consulta indígena son cientos, incluso miles de reuniones o encuentros con comunidades las que levantan temas y sistematizan las propuestas, las que deben tener un pronunciamiento de aquella estructura que establezca la convención por su reglamento para decidir sobre ellas. Si se produce un acuerdo esto es vinculante, eso es el derecho internacional», comenta.

Sobre este mismo punto, la propuesta de la comisión establece que “los acuerdos del proceso de participación y acuerdo indígena serán vinculantes, debiendo incorporarse en las demás comisiones temáticas que establezca el reglamento de la Convención”, agrega el consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos.

Frente a esto, Claudio Fuentes, académico de la UDP y miembro del Consejo Directivo de la plataforma Contexto Factual, plantea: “Creo que lo que se tiene que mejorar es el significado de lo ‘vinculante’. ¿Qué significa? ¿Que la Convención y el Pleno no puedan modificar nada? ¿O que pueden, por ejemplo, entregar una justificación de por qué se está modificando la consulta?”.

Wilfredo Bacián, convencional del pueblo Quechua y coordinador de la instancia donde se redactó el texto que se votará en general mañana, comenta sobre este punto: “Lo vinculante tiene que ver con el resultado, en este caso del trabajo de participación que se va a hacer y del acuerdo que emane de ese proceso, que obliga a que lo que considere determinado pueblo sea llevado al seno de la convención para que esta pueda aceptarlo o rechazarlo”, afirma Bacián, quien también dice que no hay ambigüedad con que el Pleno es el “órgano máximo de deliberación”.

Ante la posibilidad que una propuesta sea eventualmente rechazada en una consulta indígena, el director del Observatorio de una Nueva Constitución, José Nuñez, comenta: “Efectivamente debiese ser vinculante cuando hay acuerdo. El problema es cuando no hay acuerdo y la consulta lleva a un resultado negativo o a un rechazo. Ahí lo que hay que evitar es que en una eventual consulta en el que no se produzca un resultado favorable, el tema en discusión resulte vetado. O que no se pueda volver a discutir. Eso perjudicaría el trabajo de la Convención y desde luego, los intereses de los pueblos originarios”.

Convenio 169 de la OIT: ¿El límite de la Convención?

Con todo, para Salvador Millaleo, la Consulta Indígena era algo “previsible” dentro del Proceso Constituyente, ya que hay tratados internacionales a los cuales ha suscrito Chile que establecen este mecanismo. “Hay que tener claro que la convención está limitada por tratados internacionales, no puede sobreponerse a tratados internacionales de derechos humanos como el Convenio 169 de la OIT”, comenta el abogado.

“Según el Convenio 169, la Consulta Indígena aparece como una obligación del Estado. A partir de eso y del artículo 15 de la Constitución, que establece que se tienen que respetar los tratados internacionales, surge la inquietud (de realizar la consulta)”, comenta José Nuñez, quien agrega: “Ahí tiene un asidero no solamente político, de que hay personas que quieren darle valor a la consulta, sino que hay algunos que también dicen que es una obligación a la luz del derecho internacional, justamente por este convenio”.

En tanto, Margarita Vargas, convencional del Pueblo Kawésqar y también coordinadora de la Comisión de Participación y Consulta Indígena, argumenta: “Lo que yo siempre he dicho es que no vamos a partir de una hoja en blanco, hay tratados internacionales y declaraciones de las Naciones Unidas que son garantías que ha ratificado Chile. Sobre la base de esos tratados tenemos una garantía fundamental para establecer nuestros derechos en esta Constitución”.

Al respecto, Wilfredo Bacián separa el grano de la paja: “La convención tiene la obligación de realizar un proceso de consulta indígena porque hay tratados que están suscritos. Ahora, lo que nosotros estamos proponiendo es justamente el mecanismo para hacer ese proceso, porque entendemos que es un proceso de vital importancia para los pueblos originarios”.

«Un cronograma a partir de noviembre»

Parte también de las críticas que se han hecho a la propuesta de la comisión han apuntado al mecanismo y al tiempo que se utilizará en ella, ya que podría, según sus detractores, no ser compatible con el cronograma fijado para la Convención.

“Eso es un dilema porquelas consultas pueden alargarse, suspenderse, y por eso es muy importante que la propuesta que se apruebe tenga presente cómo se lleva a cabo«, dice Millaleo.

«Debería ser una consulta ejecutiva que trate de aligerar pasos, porquelas consultas normalmente en Chile cuando se hacen bien toman tiempo. Van a tener que pensar que no puede ser la típica consulta. Yo diría que no puede extenderse más allá de 6 o 4 meses, pero para eso tiene que tener una muy buena organización”, complementa el abogado mapuche, quien recuerda la experiencia de la consulta indígena que hizo Michelle Bachelet el 2017 como un buen referente para este proceso.

Sobre este punto, y el mecanismo bajo el cual se llevaría a cabo la consulta, Bacián, comenta: “Estamos proponiendo que va a ser la Comisión de Derechos, Pueblos Indígenas y Plurinacionalidad la que a través de una secretaría técnica de participación y acuerdos indígenas, debiese llevar a cabo todo este proceso dentro del tiempo que tenemos”. 

Sobre las críticas dirigidas a la incompatibilidad de la consulta con el cronograma de la Convención, Bacián es claro. “Hay un tiempo acotado, pero eso no puede ser excusa para no ejercer el derecho que tenemos como PP.OO. en esta constituyente”, afirma.

Además, dice que el proceso debería tomar entre 3 y 5 meses “estableciendo un cronograma que pueda partir en noviembre, con las primeras instancias de bajada de información a los territorios, y de ahí ya construir en conjunto ese proceso con las particularidades de cada pueblo.”

Sobre los detractores de la propuesta de la Comisión de la cual es coordinador, Bacián comenta: “Hoy día hay varios sectores que mantienen una posición colonialista, de seguir pensando que ellos piensan mejor que nosotros, los pueblos indígenas. Creo que esa idea está en todos los sectores, menos en los movimientos sociales”.

“Muchos convencionales han llegado sin conocer a todos los pueblos originarios, porque han conocido la realidad sólo de un pueblo en particular. Falta un poco de información al respecto y no tener miedo a que este proceso histórico de reivindicación sea construido con la participación de todas y todos, no sólo el pueblo chileno, eso no puede pasar”, afirma Bacián.

En tanto, Margarita Vargas afirma: «Lo que nosotros buscamos es que la convención escuche. Los 155 convencionales están obligados a escuchar los planteamientos de las naciones indígenas porque nosotros, los pueblos, somos soberanos, y ahí yo creo que había un temor».

Egon Montecinos Columna de Opinion:Autoridades regionales y candidaturas presidenciales: el hito de Concepción

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El viernes 10 de septiembre, Concepción fue el epicentro de la reunión entre gobernadoras y gobernadores regionales y cuatro candidaturas a la Presidencia, donde se habló en otro tono, en otro lenguaje y de tú a tú. Nada de “pobres regiones”, nada de dádivas ni de concesiones instrumentales. Se habló en el lenguaje de la vivencia del centralismo, donde ya no corren los “gatos por liebres”, donde se forzó a hablar en lenguaje regional a candidatos presidenciales acostumbrados a hablar en lenguaje nacional sin enfoque territorial. 

Hasta la elección presidencial del año 2017, las promesas presidenciales sobre descentralización eran periféricas en los programas de Gobierno, solicitadas por fundaciones, universidades y agrupaciones regionalistas. Frecuentemente, los(as) candidatos(as) presidenciales asumían esos compromisos cuando visitaban regiones o comunas que encarnaban demandas por transformarse en nuevas regiones, o por una mayor inversión pública para salir de rezagos o inequidades territoriales. Incluso, algunos(as) candidatos(as) ni siquiera contemplaban en sus programas de Gobierno compromisos asociados a descentralización o desarrollo regional, ya que para muy pocos(as) eso era considerado un problema político.

No hay duda que esto está cambiando radicalmente a partir de la elección histórica de gobernadores y gobernadoras regionales. El viernes 10 de septiembre, en Concepción, se dio un paso relevante en esta dirección. Ese día se reunieron cuatro candidaturas presidenciales con los 16 gobernadores y gobernadoras regionales del país. Hecho que puede catalogarse como histórico, dado que, en términos simbólicos y pragmáticos, se puede afirmar que ese día Chile comenzó a escribir una historia política desde los territorios en dirección a contrarrestar el poder político de Santiago.

Concepción fue el epicentro de la reunión entre gobernadoras y gobernadores regionales y cuatro candidaturas a la Presidencia, donde se habló en otro tono, en otro lenguaje y de tú a tú. Nada de “pobres regiones”, nada de dádivas ni de concesiones instrumentales. Se habló en el lenguaje de la vivencia del centralismo, donde ya no corren los “gatos por liebres”, donde se forzó a hablar en lenguaje regional a candidatos presidenciales acostumbrados a hablar en lenguaje nacional sin enfoque territorial.

Las intervenciones de los presidenciables y sus compromisos para fortalecer la descentralización no fueron sorprendentes, más bien fueron predecibles. Todos se mostraron propensos a disminuir el rol de los delegados presidenciales regionales, con el matiz de Gabriel Boric, quien derechamente propuso suprimir dicho cargo, y Yasna Provoste, quien planteó reemplazarlo por un Seremi del Ministerio del Interior. Kast está por mantenerlo y Sichel guardó silencio. Cual más, cual menos, los cuatro comprometieron fortalecer las competencias y aumentar la decisión sobre recursos fiscales.

Lo cierto es que la descentralización del Estado por primera vez está siendo un tema central en las propuestas programáticas y no es periférica, como ocurría en campañas presidenciales anteriores. Los gobernadores y las gobernadoras lo hicieron notar, y en este encuentro fueron quienes además propusieron una agenda descentralizadora presidencial, demandando atribuciones y competencias en la clásica tríada de la descentralización: política, fiscal y administrativa.

La agenda que pusieron en materia fiscal fue rentas regionales y mayor autonomía financiera y de gestión presupuestaria, demandando, por ejemplo, que la inversión de decisión regional llegue a lo menos a un 40% de la inversión nacional.

En materia de descentralización administrativa y competencial, demandaron que exista un programa de transferencia de competencias consensuado región-nación, una nueva estructura de competencias en el territorio, entre otras propuestas.

En cuanto a descentralización política, propusieron que el actual delegado presidencial regional se transforme en un secretario regional ministerial y disminuya su poder de coordinación, de tal forma que gobernadoras y gobernadores sean quienes lideren y prioricen las inversiones sectoriales en el territorio. Otra propuesta interesante fue la designación de un representante del Gobierno Regional en cada universidad o empresa estatal con asiento regional.

En síntesis, que la descentralización efectivamente sea un eje central de lo que debatimos y hablamos en esta campaña presidencial, es un tremendo avance y se lo debemos, en parte, al rol político jugado por gobernadores y gobernadoras regionales. Ojalá que esta temática aparezca en los debates presidenciales transmitidos por televisión y medios nacionales, porque en la primaria no se habló prácticamente de ella. De paso, con esto también sanaremos la otra enfermedad del centralismo, esa que padecen algunos medios de comunicación, para los cuales Rancagua es Sur y Valparaíso norte.

Al poner con esta fuerza la agenda de descentralización en la campaña presidencial, los gobernadores y las gobernadoras regionales se anotaron otro punto político. Para otro capítulo quedará la confusión conceptual demostrada por varios de los candidatos presidenciales, al equiparar conceptos que en la teoría y práctica no significan lo mismo. Por ejemplo, regionalizar no es lo mismo que descentralizar y esta última es diferente a deslocalizar, así como peras y manzanas son diferentes y tienen formas, gustos y valores nutritivos distintos, también aplica para entender mejor estas materias.

https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2021/09/14/gobernadors-regionales-y-candidats-presidenciales-el-hito-de-concepcion/

Pamela Figueroa, Columna de Opinión El País; La paridad es el primer paso hacia la real igualdad en Chile

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EL PAÍS publica una nueva entrega sobre el proceso constituyente en Chile bajo la mirada de expertas de toda la región

La aprobación de una Convención Constitucional paritaria es una innovación política clave en Chile post transicional. Lo es porque hasta ahora en el mundo ningún cambio constitucional se ha dado mediante un órgano deliberante paritario, y, porque las luchas por la igualdad política de las mujeres en Chile han sido intensas, pero con resultados esquivos y lentos. De acuerdo con el Censo 2017, un 51,6% de la población del país son mujeres. Sin embargo, en 2018 las mujeres representaban solo un 26% del poder político, un 9% del poder económico, un 24% del poder simbólico, y un 27% del poder social. La primera ley de cuotas en Chile había sido aprobada en 2015, durante el segundo mandato de Michelle Bachelet. Eso permitió pasar de un 13% de representación de mujeres en el Congreso en 2009, a un 23% en 2018.

Este largo camino, que sin duda ha sido más sinuoso y difícil que el propio proceso democratizador en Chile, abre con la paridad una coyuntura de inclusión que puede significar no solo una representación igualitaria en la Convención Constitucional, sino también puede cambiar la agenda política en favor de los derechos de las mujeres y la no discriminación, y de paso, profundizar la democracia política y social en nuestro país.

¿Implica una mayor representación de mujeres un cambio sustantivo en la agenda pública en cuanto a los derechos de las mujeres, la igualdad y la no discriminación? Esta pregunta motivó la investigación que realizamos junto a Lucía Miranda y Carolina Meza en el Observatorio Nueva Constitución. Analizamos los perfiles de las candidaturas y sus propuestas programáticas, y diferenciamos las propuestas pro mujer y feministas, para identificar cuáles de ellas predominan al momento de iniciar el debate constitucional.

La diferencia entre dicho tipo de demandas (pro-mujer versus feministas) se traduce en la distinción realizada por Maxine Molyneux entre intereses prácticos e intereses estratégicos. Los intereses prácticos se desprenden de las condiciones concretas de las mujeres y su posición en la división sexual del trabajo. Son formulados por mujeres que están ellas mismas posicionadas de forma subordinada como una respuesta a una necesidad percibida, pero no abogan necesariamente por la igualdad o la autonomía respecto de sus pares hombres. Mientras que los intereses estratégicos se derivan en primera instancia del análisis de la subordinación de la mujer y la reformulación de una alternativa y más satisfactoria implementación de acuerdos de aquellos que existen para lograr superar dicha subordinación.

Al analizar las candidaturas, observamos que la media de candidaturas a nivel nacional que apoyaban propuestas feministas o pro-mujeres era del 63%. Algunas de las propuestas feministas implican exigencia de que el posnatal sea compartido entre el padre y la madre (por el mismo período de tiempo), garantía de igualdad salarial para el mismo tipo de trabajo (sea desarrollado por un hombre o una mujer), o la paridad en todo tipo de cargo a nivel público o privado. Propuestas promujer, por su parte, hacían referencia sobre todo a la aplicación de acciones afirmativas (como las cuotas) para que las mujeres fueran equiparando progresivamente su incorporación a puestos de toma de decisión en relación a sus pares hombres.

Al analizar las propuestas de los 155 constituyentes electos, considerando los criterios de autonomías de las mujeres en sus tres dimensiones (toma de decisiones, económica y física) identificamos demandas feministas y pro-mujer. Entre los tres tipos de autonomías, las propuestas relacionadas a la autonomía en la toma de decisiones fueron las que surgieron con más frecuencia; de hecho el 56,8% de los constituyentes las apoyan. Mientras que las propuestas de autonomía física son apoyadas por el 49,7% y las propuestas de autonomía económica solo alcanzan el 28,4%.

En un escenario inicial del debate constitucional, a partir de las propuestas, observamos que en general los/as constituyentes priorizan los derechos políticos de las mujeres sobre los derechos económicos y los derechos físicos en materia sexual y reproductiva por sobre la protección y/o eliminación de la violencia de género. Además, las mujeres constituyentes son quienes apoyan en mayor proporción las autonomías de las mujeres.

Una Convención Constitucional paritaria es solo el primer paso en un cambio sustantivo para las mujeres en Chile. Los acuerdos deben ser amplios, y la regla para aprobar cada uno de los contenidos constitucionales es de 2/3 de los y las convencionales en ejercicio. Si queremos avanzar en una real igualdad y no discriminación de la mujer, también es importante que la nueva Constitución efectivamente incorpore un enfoque de género y una mirada en igualdad hacia los derechos de las mujeres. Ese es el camino que estamos recorriendo.

Pamela Figueroa es doctora en Estudios Políticos y Sociales (IDEA-USACH) y miembro de la Mesa Técnica del proceso constituyente en Chile (2019).

https://elpais.com/internacional/2021-09-06/la-paridad-es-el-primer-paso-hacia-la-real-igualdad-en-chile.html?ssm=TW_CC

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